Desde tu televisor a tu reloj, pasando por tu nevera o por las cámaras con las que se monitoriza a los bebés. Cada vez más objetos que forman parte de nuestro día a día llevan el apellido ‘inteligente’. Su conexión a internet ha abierto la puerta a nuevos usos para los consumidores, pero esa digitalización de lo cotidiano también comporta mayores riesgos de ciberseguridad. Si no cuentan con suficientes mecanismos de defensa, ¿qué garantiza que no puedan ser atacados y manipulados para infiltrarse en nuestra intimidad?
Consciente de ello, la Unión Europea (UE) aprobará este martes la ley de Ciberresiliencia, una nueva normativa que obligará a los fabricantes de hardware y software y a sus comerciantes a cumplir con estrictos requisitos de seguridad informática. Las empresas que operen en territorio europeo deberán certificar la robustez de sus productos en todas las fases de la cadena de valor, desde su diseño y fabricación hasta su mantenimiento.
Con esta nueva ley, la UE tiene la misión de reducir el número de incidentes informáticos y proteger la privacidad de los consumidores europeos. Es por ello que los fabricantes serán responsables de garantizar la ciberseguridad de sus dispositivos durante todo su ciclo de vida, lo que les obligará a desarrollar actualizaciones que tapen posibles brechas lo largo de los años.
La regulación también quiere aumentar la transparencia para beneficiar a los ciudadanos europeos. Así, los dispositivos electrónicos vendidos en Europa deberán contar con etiquetas que indiquen su nivel de ciberseguridad, una información que ayudará a los consumidores a tomar decisiones con mayor conciencia.
Estrategia de ciberseguridad de la UE
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Esta medida forma parte de la Estrategia de Ciberseguridad de la UE, un plan anunciado en diciembre de 2020 y que contempla otras ambiciosas legislaciones cuyos objetivos son mejorar la defensa cibernética de los Estados miembro y limitar la amenaza de los ciberataques.
Tras la adopción formal en la Eurocámara de este martes, la ley de Ciberresiliencia entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, los fabricantes dispondrán de un margen de 21 meses para notificar de las posibles vulnerabilidades de sus productos y de un segundo plazo de hasta 36 meses (o lo que es lo mismo, tres años) para adaptarse a esos requisitos.
2024-03-12 12:21:40
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